Aprobada la asignación de 100 millones de lempiras al RNP para garantizar su reestructuración

En sesión extraordinaria del Congreso del Pueblo:

Aprobada la asignación de 100 millones de lempiras al RNP para garantizar su reestructuración

En la sesión extraordinaria de este jueves, el pleno del Congreso del Pueblo aprobó la asignación de 100 millones de lempiras para el cumplimiento de la restructuración del Registro Nacional de las Personas (RNP).

Según el decreto aprobado, este Poder Legislativo instruye a la Secretaría de Finanzas incorporar en el presupuesto del RNP, para el año 2023, el monto de 100 millones de lempiras, con el propósito de mejorar y fortalecer su funcionamiento mediante una inversión financiera significativa.

La iniciativa fue presentada por el jefe de la bancada de Libertad y Refundación (Libre), Rafael Sarmiento, y dictaminada favorable por la Comisión de Presupuesto que encabeza el congresista Carlos Zelaya. El decreto fue aprobado por unanimidad.

Es importante destacar los resultados positivos que ha tenido la reestructuración detallada del RNP, especialmente en relación con las recomendaciones emitidas por la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Europea en Honduras para las elecciones generales de 2021.

Este ejercicio resultó en la generación de una nueva base de datos biométrica, diseñada con el objetivo de ser más confiable y consistente que las anteriores. Su propósito principal fue proporcionar un nuevo documento de identificación (DNI) a todos los ciudadanos mayores de 18 años.

Como resultado, en el censo nacional electoral definitivo, se registraron más de 5 millones de votantes. Es relevante resaltar que este censo fue considerado en general más confiable que los anteriores, ya que se implementaron medidas para eliminar a votantes fallecidos y duplicados, lo que contribuyó a incrementar la integridad de los datos.

No obstante, aproximadamente 400 mil personas no pudieron recoger sus nuevos documentos de identificación antes de la jornada electoral, lo que les privó de la oportunidad de ejercer su derecho al voto. Esta situación plantea la necesidad de abordar los desafíos relacionados con la entrega oportuna de los documentos, a fin de garantizar la plena participación ciudadana en futuros procesos electorales.