Si no hay voluntad de aprobar la Ley de Justicia Tributaria, se puede usar la consulta ciudadana para que el pueblo decida: Luis Redondo

Si no hay voluntad de aprobar la Ley de Justicia Tributaria, se puede usar la consulta ciudadana para que el pueblo decida: Luis Redondo

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, hizo este martes una amplia exposición de lo que a lo largo del tiempo en Honduras ha sido una injusticia fiscal y social, donde pequeños grupos privilegiados han sido beneficiados en detrimento de las mayorías, por lo que se debe aprobar la Ley de Justicia Tributaria y acabar con esas desigualdades.

En ese sentido, ahora que el Congreso Nacional se dispone a discutir y aprobar el dictamen de la Ley de Justicia Tributaria, Redondo fue enfático en señalar que en la votación se reflejará la voluntad que tiene cada congresista para conocer si está con el 99 por ciento de las empresas que NO tienen privilegios fiscales o con el reducido grupo empresas que SI tienen privilegios fiscales y de no ser aprobada en la Cámara Legislativa, existen mecanismos de participación ciudadana que se pueden utilizar en las próximas elecciones generales para consultar el pueblo si está de acuerdo o no con acabar con las injusticias y desigualdades.

Recalcó que el proyecto de la Ley de Justicia Tributaria, ha sido el proyecto en materia tributaria más socializado en la historia de Honduras; entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, realizaron en un período de un año y medio una amplia socialización con más de 40 audiencias públicas televisadas para que el pueblo hondureño y la historia tengan los registros de video a la mano; esto sin contar con las comparecencias de prensa y foros televisivos, entre otros, algo sin precedentes en materia de una iniciativa de ley.

Recalcó que “por mucho que se haya tratado de distorsionar, desacreditar y difamar este proyecto de ley, todo empresario, todo organismo de empresarios, organismos económicos, Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, saben que en Honduras se creó todo un sistema de privilegios para muy pocos prometiendo cosas que no se cumplieron y que en la actualidad se siguen incumpliendo como la generación de empleo”.

Refirió que son tan grandes esos privilegios que el monto acumulado entre 2009 y 2025 pudo haber financiado el cumplimiento de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia de educación, salud, acceso a la vivienda, agua potable, energía e infraestructura, según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) y el SAR.

Las exoneraciones perdonadas anualmente superan con creces el presupuesto de Salud y Educación de la población hondureña violentando los principios constitucionales sobre equidad e igualdad social pues porque por mucho que digan lo contrario, esos excesivos privilegios violentan el derecho a la libertad de empresa, la igualdad empresarial y la seguridad jurídica, porque generan dos tipos de empresa, las empresas que tienen privilegios y las empresas que no tienen privilegios y que representan el 99 por ciento creando graves desigualdades, desventajas, competencia desleal en múltiples rubros y ocasionando al Estado un enorme vacío fiscal que es subsidiado por todo el pueblo hondureño y los migrantes para las empresas más ricas del país, acotó.

Enfatizó que por mucho que digan que la Ley de Justicia Tributaria viene a desincentivar a las inversiones y a las empresas, eso no es cierto porque el mismo FMI está de acuerdo que se apruebe tal como se ha hecho en muchos países.

Por lo tanto, con la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, el pueblo hondureño va a determinar, quién está con el 99 por ciento de los empresarios que no tienen privilegios y el pueblo hondureño que subsidia ese enorme vacío fiscal y quiénes están con esas empresas que tienen privilegios injustificados, es decir, con la votación se sabrá a quién pertenece el voto de cada congresista, si pertenece a una clase privilegiada o pertenece al pueblo hondureño.

Subrayó que “no se equivoquen” si en el pasado se compraban voluntades, con los mecanismos de participación ciudadana como el plebiscito, el referéndum y la consulta ciudadana que fácilmente se pueden incluir en las próximas elecciones generales para aprobar la Ley de Justicia Tributaria en favor del pueblo hondureño.

Añadió que con la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, se estará evitando que Honduras sea declarado como un paraíso fiscal e incluido en la lista gris que traería serias consecuencias para el país.

En su amplia exposición, Redondo recordó que después del Golpe de Estado en 2009, en el país se aumentó el recaudo por medio de impuestos indirectos.

De hecho, la evasión fiscal, es decir, el no pago de impuestos por cuenta de los beneficios tributarios, fue mayor al presupuesto en conjunto de secretarías como la Salud, Educación y Defensa en 2023.

En la última década se incrementó el Impuesto Sobre las Ventas (ISV) y se crearon 14 nuevos impuestos indirectos, entre los que destacan el impuesto selectivo al consumo y los impuestos a los combustibles. En cambio, el cobro de impuestos al ISR y otros impuestos directos no sufrieron mayores cambios y se mantuvieron la mayoría de beneficios tributarios.

Como resultado de este sistema, entre 2011 y 2022, el 66% de la recaudación tuvo origen en impuestos indirectos, como el impuesto a las gaseosas, al gas, a electrodomésticos, al consumo en general, que son regresivos por naturaleza, pues no tienen en cuenta la capacidad de pago de las personas. Mientras que los impuestos directos, que son los que gravan la riqueza, son los que menos han aportado en los últimos 100 años.

Indicó que en los beneficios tributarios, las diez familias más ricas del país tienen una tasa efectiva de impuestos del 0,03%, en tanto el 10% de la población con menores ingresos paga el 50% de sus ingresos.La raíz del problema son los beneficios tributarios (regímenes de exoneraciones)

En términos generales, los regímenes de exoneraciones implican que el gobierno renuncia a cobrarles temporalmente impuestos a ciertas empresas que se han establecido en alguno de estos esquemas con la promesa de atraer inversión Extranjera Directa (IED), generar empleo, promover las exportaciones y ser un motor de desarrollo económico.

Sin embargo, sus resultados hasta el momento son nefastos en la economía hondureña y para la mayor parte de su población, como lo muestran los principales indicadores macroeconómicos y sociales.

Actualmente, Honduras cuenta con más de 15 regímenes de exoneración, la mitad se han creado después del Golpe de Estado en 2009.

El más antiguo es el ZOLI (Zonas Libres Industriales), creado en 1976 y con una vigencia de más de 70 años. Este régimen ofrece un conjunto de incentivos fiscales, administrativos y de contratación de mano de obra a las empresas que se establecen en áreas designadas como Zonas Libres.

Este régimen beneficia a 374 empresas en materia de Impuesto Sobre la Renta (ISR), Aportación Solidaria, Activos Netos, Ganancias de Capital, Impuesto Sobre las Ventas (ISV) en compras locales e importaciones, Derechos Arancelarios a la Importación (DAI), Impuestos sobre los combustibles e impuestos municipales. Además, permite la contratación de mano de obra calificada a bajo costo.

Entre las exoneraciones de este tipo más antiguas se encuentran el RIT (Régimen de Importaciones Temporales) en 1984, y el ZIP (Zonas Industriales de Procesamiento de Exportaciones) en 1987.

Además, Honduras ha establecido varios regímenes de exoneraciones fiscales con vigencia indefinida para promover el desarrollo económico y la inversión en sectores específicos.

Estos regímenes incluyen exenciones para la importación de bienes y servicios destinados a la generación de energía térmica, energía renovable, proyectos de infraestructura pública a través de Asociaciones Público Privadas (APP), Organizaciones No Gubernamentales (ONG), Sociedades de Fianzas y Leasing (SFL), Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y empresas agroindustriales.

En el caso de la generación de energía térmica y renovable, las empresas están exentas del Impuesto Sobre la Renta, el Impuesto General de Ventas y los Derechos Arancelarios para las importaciones de bienes y servicios necesarios.

Para las APP, se exime del Impuesto Sobre la Renta durante las etapas de construcción y operación del proyecto, así como del Impuesto General de Ventas en las importaciones de bienes y servicios.

Por otra parte, las ONG están exentas del Impuesto Sobre la Renta sobre las donaciones y subvenciones recibidas, así como del Impuesto General de Ventas en las importaciones de bienes y servicios.

Las SFL también tienen exención del Impuesto Sobre la Renta sobre las utilidades generadas por sus actividades y del Impuesto General de Ventas en las operaciones de compraventa de bienes y servicios.

Para las empresas que operan en ZEDE, se ofrece exención del Impuesto Sobre la Renta durante los primeros 10 años de operación, así como del Impuesto General de Ventas en las importaciones de bienes y servicios, Derechos Arancelarios y el pago de Impuestos Municipales.

Por último, las empresas agroindustriales tienen exención del Impuesto Sobre la Renta durante los primeros 5 años de operación, así como del Impuesto General de Ventas en las importaciones de bienes y servicios.

Como resultado de estos beneficios tributarios, el gasto tributario entre 2009 y 2022 pasó de 39% a 45%, esto significa que el Estado ha dejado de percibir más de 455.000 millones de lempiras en la última década.

Las diez familias más ricas de Honduras tienen una tasa efectiva de impuestos del 0,03%, en tanto el 10% de la población con menores ingresos paga el 50% de sus ingresos.

En Honduras, los regímenes de exoneraciones fiscales han sido creados a la medida de los intereses de unos pocos grupos empresariales. El 99% de las exoneraciones las concentra el 20% más rico de la población. Lo más grave es que solamente 142 empresas de estos 25 grupos económicos dejaron de pagar por exoneraciones lo equivalente al presupuesto anual de la Secretaría de Salud.

Las empresas que gozan de estos beneficios son apenas 656 de las más de 300.000 empresas formales con las que cuenta el país.

Ejemplo de ello es la desnaturalización del régimen ZOLI para que mineras y camaroneras no paguen ningún impuesto o la creación de las ZEDE con total autonomía política, fiscal y monetaria, lo cual las convierte en paraísos fiscales.

Detrás de estos sectores se encuentran una serie de grupos económicos con importante influencia política y en los medios de comunicación. En Honduras hay grupos económicos que tienen empresas que tienen empresas en rubros como maquila, electricidad, bienes raíces o turismo, con participación de capital internacional.

Ante esta realidad, el actual gobierno de Xiomara Castro ha decidido racionalizar los regímenes de exoneración que privilegian apenas unas pocas empresas por medio del proyecto de Ley de Justicia Tributaria.