Fondo Social es transparente, legal y supervisado: asegura el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino
El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, aseguró este lunes que el Fondo Social asignado para proyectos comunitarios es manejado con total transparencia y dentro del marco legal establecido en el Presupuesto General de la República.
“Es importante aclarar que los fondos canalizados desde el Poder Legislativo hacia proyectos sociales en las comunidades están contemplados legalmente. El artículo 349 del decreto de aprobación del presupuesto establece expresamente el funcionamiento del Fondo Social y los mecanismos de su aplicación”, explicó el congresista.
Pino detalló que, además de la disposición legal, existe un reglamento específico que regula el uso del Fondo Social, el cual señala que los recursos se destinan a responder solicitudes directas de patronatos, alcaldías, juntas de agua y otras organizaciones comunitarias. Entre los proyectos financiados se incluyen pequeñas obras de infraestructura, como pavimentaciones en barrios y colonias, becas educativas solicitadas por centros escolares, electrificación básica y mejoras en espacios públicos.
“Todo está claramente regulado. El procedimiento es transparente, los recursos se utilizan conforme a la ley y no hay nada oculto en su aplicación”, enfatizó.
Asimismo, recordó que el Fondo Social vigente asciende a 950 millones de lempiras y fue aprobado para el período 2023–2025. Recalcó que este fondo es completamente distinto al extinto Fondo Departamental que se manejaba en el pasado tanto desde el Congreso como desde la Presidencia de la República.
“A diferencia de lo que ocurría antes, en este nuevo modelo ningún diputado recibe directamente los fondos ni se le depositan en cuentas personales. Tampoco les corresponde a ellos realizar las liquidaciones. Cuando una comunidad solicita, por ejemplo, construir un techo para una cancha, el diputado acompaña la gestión ante instituciones como el FHIS, SEDESOL, Gobernación, FOSODE o CONDEPOR, según sea el caso”, explicó.
Añadió que las instituciones responsables verifican requisitos, aprueban técnicamente los proyectos y ejecutan los fondos asignados, siempre bajo la supervisión del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
“El uso del Fondo Social es transparente, legal y ejecutado con responsabilidad. Los diputados únicamente cumplen su rol de intermediarios entre las comunidades y las instituciones del Estado. Son los entes ejecutores los que administran, ejecutan y liquidan los recursos conforme a los procesos establecidos”, concluyó.
