Presidente del CN se manifiesta sobre el CNE
En ningún artículo de la Constitución de la República, ni en ley alguna de nuestro ordenamiento jurídico, se establece que una institución autónoma e independiente —como lo es el Consejo Nacional Electoral (CNE) @CneHonduras — esté exenta de ser investigada, requerida, procesada o enjuiciada por el Ministerio Público @MP_Honduras | @johelzelaya en caso de la comisión de delitos.
Tampoco se reconoce que sus consejeros gocen de inmunidad absoluta, ni que puedan actuar arbitrariamente, como deseen, cuando deseen y al margen de la ley, usurpando funciones o poderes que le corresponden a otros órganos del Estado.
Eso mismo pretendía el bipartidismo (Partido Nacional y Partido Liberal) con las ZEDES: crear territorios donde no llegara la justicia, ni la extradición; espacios con su propia “democracia”, sus propios jueces y su propio modelo de gobierno. Todo eso está expresamente prohibido por nuestra Constitución.
Nuestra Constitución establece límites claros a los poderes del Estado y a todas las instituciones autónomas o de rango constitucional. Y eso es precisamente lo que no se le dice al pueblo hondureño cuando se cuestiona una investigación del Ministerio Público que tiene fundamento jurídico y que, además de indagar posibles delitos cometidos por el Consejo Nacional Electoral - CNE, busca proteger la democracia y el Estado de derecho en Honduras.
Además, al rendir promesa de ley o juramento constitucional ante el Congreso Nacional, que deben rendir los funcionarios electos por este poder del Estado —incluyendo los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE)— está regulada por el:
Artículo 213 de la Constitución de la República de Honduras, que dice:
“Todos los funcionarios y empleados públicos, antes de tomar posesión de sus cargos, prestarán promesa de ser fieles a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes.”
Esto significa que ningún funcionario está exento de esta obligación, sin importar si pertenece a una institución autónoma, descentralizada o de rango constitucional. El incumplimiento de esa promesa puede acarrear responsabilidades legales, administrativas e incluso penales
En consecuencia, cualquier violación a dicho mandato genera responsabilidad conforme al ordenamiento jurídico.
NO MÁS IMPUNIDAD.
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