Reunión de la Junta Directiva del Congreso Nacional y jefes de bancada aborda propuestas de reforma legal presentadas por la Secretaría de Seguridad

Reunión de la Junta Directiva del Congreso Nacional y jefes de bancada aborda propuestas de reforma legal presentadas por la Secretaría de Seguridad

La Junta Directiva del Congreso Nacional, presidida por Luis Redondo, sostuvo una importante reunión con los jefes de bancada de los diferentes partidos políticos representados en el Poder Legislativo, en la cual se escucharon los planteamientos de la Secretaría de Seguridad sobre la necesidad de aprobar la prórroga del estado de excepción y avanzar en reformas al Código Penal, Código Procesal Penal y la Ley de Tránsito, orientadas a fortalecer la lucha contra el crimen organizado y la extorsión en el país.

Durante la sesión, el general director de la Policía Nacional, Wilmer Torres, destacó los resultados positivos que ha generado la aplicación del estado de excepción parcial en distintas zonas del país.

“Agradecemos el apoyo que hemos tenido de parte de todos. Este año ya registramos una disminución de 302 muertes violentas en comparación al año anterior, lo que demuestra que las acciones implementadas están dando resultados. Nuestro esfuerzo, como parte del Estado, está orientado a proteger la vida y garantizar la seguridad de los hondureños”, afirmó Torres.

El funcionario explicó que las reformas propuestas buscan mejorar la eficacia en la persecución del delito, la protección a las víctimas y testigos, y la capacidad de respuesta de las instituciones de justicia frente a nuevas modalidades criminales.

Por su parte, el general Juan Pablo Aguilar Gallo, director de la Defensoría Jurídica Policial, presentó los resultados del análisis técnico y jurídico realizado por la institución, que incluye reformas específicas a varios artículos del Código Penal y Procesal Penal, con el objetivo de actualizar la normativa penal ante los cambios en las dinámicas delictivas.

Entre las propuestas destacadas se encuentran:

• Tipificación del delito de sicariato, mediante la incorporación del artículo 193-A, estableciendo penas de 30 años a prisión perpetua para quienes cometan asesinatos por encargo o beneficio económico.

• Reforma al artículo 373 sobre extorsión, que eleva la pena de 25 a 30 años y amplía las modalidades delictivas para incluir a quienes participen indirectamente en el cobro, amenaza o intermediación.

• Incorporación del delito de secuestro agravado y sanciones a la revelación de secretos oficiales que comprometan la seguridad pública.

• Reformas al tratamiento penal de menores involucrados en delitos graves, estableciendo la figura del juez de garantías de menores, sin modificar la edad punible, pero permitiendo un tratamiento especial bajo supervisión judicial.

• Propuesta de que la asociación para delinquir sea considerada un acto terrorista, dada su estructura jerárquica y capacidad para infundir temor en la población y en los operadores de justicia.

Asimismo, se planteó la necesidad de actualizar la normativa sobre billeteras electrónicas y chips telefónicos, con el acompañamiento técnico de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y el Banco Central de Honduras, debido a su vinculación con delitos de extorsión y lavado de activos.

Los representantes de la Secretaría de Seguridad subrayaron que las reformas propuestas no buscan únicamente aumentar las penas, sino dotar al sistema de justicia de herramientas legales modernas y operativas que permitan judicializar eficazmente los casos, proteger a las víctimas y garantizar el respeto a los derechos humanos.

“El delito evoluciona, y el Estado debe responder con leyes actualizadas y eficaces. Estas reformas permitirán fortalecer la capacidad de investigación, reducir la impunidad y brindar mayor seguridad a la ciudadanía”, enfatizó Aguilar Gallo.

El presidente Luis Redondo agradeció la exposición de la Secretaría de Seguridad y reiteró el compromiso del Congreso Nacional de evaluar con responsabilidad y transparencia las propuestas presentadas, con el fin de garantizar que las reformas contribuyan al fortalecimiento de la justicia, la seguridad y la paz social en Honduras.