Diputada Merary Díaz pide prohibir propaganda partidaria en la administración pública
La legisladora Merary Díaz también pide normas para evitar la alteración o distorsión de los símbolos nacionales.
La diputada del Partido Nacional por el departamento de Francisco Morazán Merary Díaz presentó este jueves una moción para prohibir el uso de propagada partidaria en la administración pública.
La parlamentaria recordó que el ejercicio de la función pública se encuentra regido por los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad y servicio de interés general, por lo que la función pública debe permanecer políticamente neutral, garantizando que el ejercicio del poder estatal no sea instrumentalizado para favorecer intereses partidarios.
Actividad partidaria y función publica
La diputada nacionalista destacó que, si bien los partidos políticos son esenciales para el sistema democrático y el pluralismo político, su actuación debe diferenciarse claramente del funcionamiento de las instituciones del Estado a fin de evitar la confusión entre la actividad partidaria y la función pública.
“La experiencia institucional demuestra que la utilización de espacios, bienes o símbolos estatales con fines de propaganda política vulnera los principios de neutralidad, igualdad democrática y correcta administración de los recursos públicos”, dijo.
Respeto a los símbolos patrios
La legisladora destacó la urgencia del establecimiento de un marco normativo para garantizar el respeto a los símbolos nacionales y delimitar la prohibición de propaganda partidaria en la administración pública.
En tal sentido, su propuesta se encamina a prohibir la colocación, exhibición o utilización en oficinas, edificios, instalaciones, bienes, actos oficiales o cualquier espacio perteneciente a la función pública de símbolos, emblemas, imágenes o propaganda de carácter partidario.
Asimismo, pide normas para evitar la alteración o distorsión de los símbolos nacionales en contravención con la Constitución de la República, y el uso de medios de comunicación estatal para realizar campañas políticas a favor de candidatos afines a partidos políticos que ejerzan la titularidad del poder Ejecutivo o Legislativo.
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